El Gobierno lanzó un plan para cancelar deudas de obra pública con bonos por hasta US$146 millones

Noticias Argentinas difundió que el Gobierno nacional puso en marcha un régimen voluntario para cancelar deudas de obra pública mediante la entrega de títulos públicos, con un límite de hasta US$146,4 millones, destinado a regularizar obligaciones pendientes con empresas contratistas correspondientes al período comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2025.

La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución 1/2026, publicada en el Boletín Oficial, que creó el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública.

La decisión fue adoptada luego de un relevamiento realizado por las Secretarías de Transporte y de Obras Públicas, que detectó acreencias pendientes vinculadas con certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios.

Según los fundamentos de la norma, el mecanismo busca cancelar esas obligaciones ante la indisponibilidad de créditos presupuestarios, con el objetivo de "garantizar la sostenibilidad fiscal y la adecuada administración de los recursos públicos".

El régimen está dirigido a contratistas cuyas obras se encuentren alcanzadas por la Ley N.º 13.064 o cuenten con financiamiento de organismos multilaterales de crédito. También podrán adherir empresas con contratos vigentes y aquellas cuyos contratos hayan sido extinguidos a partir del 1° de enero de 2024.

La resolución fija un monto máximo de cancelación de US$146.436.761,27, que será abonado mediante una combinación de tres instrumentos de deuda pública valuados a su valor técnico correspondiente al día hábil anterior a la entrega.

El esquema prevé la entrega del 33% del monto mediante Letras del Tesoro Capitalizables (LECAP) con vencimiento el 30 de octubre de 2026; otro 33% a través de Bonos del Tesoro Capitalizables (BONCAP) con vencimiento el 15 de enero de 2027; y el 34% restante mediante BONCAP con vencimiento el 30 de abril de 2027.

Para acceder al régimen, las empresas deberán desistir expresamente de todos los reclamos administrativos y judiciales iniciados contra el Estado Nacional vinculados con los contratos comprendidos en el programa.

Además, deberán renunciar a cualquier reclamo futuro relacionado con eventuales alteraciones de la ecuación económico-financiera de los contratos derivadas de la modalidad de pago establecida por el nuevo régimen.

Las empresas interesadas tendrán un plazo de diez días hábiles contados desde la entrada en vigencia de la resolución, prevista para el viernes 3 de julio, para solicitar su adhesión mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Una vez aceptada la incorporación al programa, los contratistas dispondrán de otros diez días hábiles para presentar la liquidación de sus acreencias, incluyendo los intereses por mora. Esa documentación será auditada por las áreas competentes y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) antes de la firma de las actas acuerdo que habilitarán la cancelación de las obligaciones mediante la entrega de los títulos públicos.